REFLEXIÓN SOBRE EL COTARRO URBANÍSTICO Y EL CINISMO DEL PARTIDO POPULAR.
Hecha la ley, hecha la trampa. Así podemos resumir el planteamiento del Partido Popular respecto a la corrupción urbanística, una vez ha rechazado por dos veces el ofrecimiento del PSOE para aplicar una serie de medidas en los ayuntamientos con el fin de poner coto a los desmanes urbanísticos que asolan nuestra geografía. La actitud distante, como el que piensa que la cosa no va con él, nos exige que una vez más pongamos los puntos sobre la íes para desenmascarar un nuevo ejercicio de hipocresía y cinismo en el Partido Popular.
En Génova se deben pensar que los ciudadanos somos gilipollas o unos dementes, y que nos vamos a creer a pies juntillas que la corrupción urbanística ha venido de la mano del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es perfectamente demostrable que el origen de estos desmanes nace de un modelo establecido en los 8 años de gobierno popular, un modelo que fue desarrollado con celo y precisión milimétrica para dejar el camino libre a constructores, especuladores y grupos empresariales, algunos de ellos presididos por amigos de pupitre del ex-presidente y otros con ilustres familiares en los consejos de administración.
La corrupción urbanística se enquista en nuestra sociedad durante los años de Aznar, amparada en las siguientes medidas:
- Ley del Suelo de 1998: libera y convierte en urbanizable todo el suelo con la única excepción de aquel que sea de especial protección. Aznar alude por entonces que "liberar suelo hará que la vivienda se abarate". No hace falta decir que ha ocurrido todo lo contrario, esta medida ha llenado los bolsillos a la derecha mediática, mientras ha empobrecida la clase trabajadora, incapaz a día de hoy de acceder a una vivienda o hacerlo a costa de la mitad del sueldo. Liberar todo el suelo fue la decisión más nefasta jamás tomada por un gobernante.
- Régimen de Financiación Local deficiente: durante los años de gobierno popular los ayuntamientos recibieron insuficientes medios económicos del Estado y de las Comunidades Autónomas lo que dio lugar a que los consistorios optaran como única vía de financiación la venta de suelo. La pésima delimitación de competencias durante la legislatura de Aznar llevó a que los ayuntamientos ofreciesen servicios a los ciudadanos que no son de su competencia mientras perdían vías de financiación como el IAE sin compensación alguna. No se establecieron suficientes garantías en las leyes de incompatibilidad de cargos, lo que ha dado ligar que constructores en ejercicio se hayan podido presentar a unas elecciones sin tener que dar la más mínima explicación.
- Vacío de Fiscalías Anticorrupción: fue una constante en los años de gobierno del Partido Popular. Paralelamente a la escalada urbanística en toda España las Fiscalías Anticorrupción fueron desmanteladas y vaciadas de efectivos. Los Poderes del Estado y el gobierno quedaron impasibles ante el fenómeno, quien sabe si premeditamente y en complicidad con los sectores económicos afines. El descenso continuado de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las dos últimas legislaturas populares permitieron el asentamiento definitivo de mafias de todo tipo que encontraban en el urbanismo un medio favorable para blanquear dinero. Mano ancha y permisividad, solo les faltó extender a los ladrilleros una alfombra roja (bueno roja no, azul).
- Reducción de Viviendas de Protección Social: si en 1996 1 de cada 3 viviendas era social, durante los 8 años del Partido Popular la VPO fue abandonada sistemáticamente y los ya de por sí poco ambiciosos planes de vivienda desarrollados por Aznar fueron incumplidos por activa y por pasiva mientras el precio de la vivienda crecía un 400%. La vivienda pública fue arrinconada por la vivienda privada igual que la seguridad pública fue arrinconada por la privada, haciéndose realidad el cambio de modelo privatizador del Partido Popular también llevado a cabo en la sanidad y en la educación.
Un cambio de modelo planeado y sigilosamente ejecutado para dar rienda suelta a la fiebre urbanística y enriquecerse directa o indirectamente a través de sociedad de testaferros o recalificaciones masivas a familiares directos o indirectos. Con todo su ejército de ex-constructores y empresarios del ladrillo copando sus listas, el PP no se conformó con darle pelotazos de obra público al yerno Alejandro Agag o regalarle Telefónica al compi de pupitre para hacer un desastre con ella (stock options), sino que pudo movilizar todas las variables para que su tan cuidado "sector privado" pudiese pillar cacho del negocio urbanístico. El dinero negro y la economía sumergida crecieron como la espuma y el trapicheo fue una constante cuando Mariano Rajoy fue ministro del Interior.
El modelo especulador como era de esperar terminó por contaminar a todos los partidos. La corrupción-modelo del Partido Popular, vista como única tabla de salvación para financiarse, y entendida por todos como "las reglas del juego", llevó a que alcaldes del PSOE y IU también desarrollaran también, aunque en menor medida y cantidad, trapicheos urbanísticos; hecha la ley, hecha la trampa. Sin querer justificar nada y reclamando que todos sean del partido que sean, cumplan ante la justicia (corruptos hay en todos los partidos), ¿qué opción les quedaba? ¿Acaso los ayuntamientos socialistas debían renunciar a la única fuente de financiación que los gobiernos de Aznar les permitía? ¿Debían aceptar dejar atrás a sus municipios cuando los vecinos populares recibían millones de euros por ceder suelo? ¿Debían dejar atrás sus ciudades, municipios y pueblos, con un programa electoral incumplido por falta de presupuesto? ¿Por qué el pueblo de al lado iba a tener una bonita residencia de mayores y una biblioteca nueva con tan solo empuñar una firma y ellos no? Con esto busco hacer entender que ellos, a pesar de tener una ideología de izquierdas, tuvieron que jugar con el tablero y las reglas que otros les impusieron. Y con todo no justifica la prevaricación y e tráfico de influencia, pero ¿acaso no era de esperar?
Intento que reflexionen para entender por qué ese modelo deliberado de corrupción de guante blanco ha llegado a salpicar a todos; encima la Comunidad Autónoma correspondiente (casi siempre del PP, aquellas que tienen las leyes del Suelo más permisivas) dan el visto bueno a los proyectos y con su firma legitiman estas actuaciones. En CienPozuleos, fue el PP el que inició y aprobó el proyecto, proyecto que fue redactado por el ex-Consejero Porto, ahora dimitido. Y tuvo los votos de los ediles del PP. ¿Todos en el ajo? ¿Y la responsabilidad de quienes tienen que controlar y revisar los convenios? ¿Mano ancha? Callada debería estar Esperanza con CienPozuelos, sobre todo si no toma medidas con otros municipios populares igualmente salpicados.
No podemos pues igualar en responsabilidad a la derecha económica, pudiente y corruptora frente a clases obreras, menos pudientes y fáciles de comprar con dinero; esta es la norma por lo general, no nos engañemos, el poder que corrompe y que lo compra todo, hasta los resultados en unas urnas. Unos pueden comprar, porque tienen los medios y el poder de su lado, y a otros les queda prácticamente ceder y hacer lo que hacen los demás porque total “todo el mundo lo hace”. No es la norma que en el PSOE haya alcaldes que sean constructores, aunque pueda haberlo es raro, sí es norma en el PP. Son matices que por encima de casos puntuales, hay que saber reconocer sin que eso suponga justificación alguna a lo que hayan hecho fulano o mengano. No igualemos por favor, porque no es justo, hay que contextualizar y razonar, poniendo sobre la mesa el origen y desarrollo de los hechos que nos han llevado a este punto, para en su caso, pedir responsabilidad y denunciar que Rajoy se quiera lavar las manos como el que no tiene nada que ver con el asunto.
Punto aparte ya comentado merece la actitud de los partidos frente a la corrupción. La mera sospecha hace que el PSOE cese fulminantemente a cualquier caso salpicado; los casos populares son respaldados y confirmados desde la sede de Génova, y así podemos ver el apoyo por poner un ejemplo de Camps a Fabra y a Alperi, que casi son toda seguridad y estando encausados judicialmente, repetirán en sus respectivos feudos. Parece que el Partido Popular no quiere renunciar al modelo que él desarrolló y ni por la cabeza se le pasará aceptar nada que pueda poner coto a este festín urbanístico. Hoy José Blanco ha afirmado que el PSOE no llevará en sus listas a dirigentes encausados o con meras sospechas de su gestión. El PP no recogerá el guante porque se quedaría sin candidatos en Levante. ¿Doble moral señor Rajoy?
Las Comunidades Autónomas y diputaciones gobernadas por el PP han tenido al mismo tiempo una actitud conciliadora y permisiva con sus ayuntamientos, dándoles mano ancha para todo tipo de desmanes, dejando de lado la ordenación del territorio en un continuo desprecio a la sostenibilidad. Todo lo que pase en Madrid es responsabilidad última del gobierno regional, porque es este el que debe dar el visto bueno a los proyectos urbanísticos de sus municipios. Igual pasa en Murcia, Alicante, Valencia, Castellón...y diréis, ¿y Andalucía? También, pero con dos matices. El primero es que la Junta ha actuado todos estos años judicialmente respecto a Marbella, habiendo cursado decenas de denuncias en los Tribunales para parar convenios urbanísticos (lástima que Jesús Gil, como hemos sabido, tenía a los jueces comprados). La segunda es que las diputaciones, como la de Málaga por seguir con el ejemplo (en Andalucía casi todas están gobernadas por el PP) se han lavado las manos y en el caso de Marbella, la pinza PP-GIL ha sido determinante en numerosas votaciones.
Gil y Gil, el difunto alcalde de Marbella, pidió el voto para Aznar en 1996. “Los socialistas me han perseguido como auténticos canallas”, argumentó el jefe de la corrupción organizada. En 1995, un pacto/pinza entre Gil y Gil y Javier Arenas permitió que el PP controlara la Diputación de Málaga y que el GIL presidiera la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. ¿Se creen que nos hemos olvidado?
El PP da la impresión de estar comprometido con la especulación, como el que tiene asuntos turbios, negocios y chanchullos como el mundo empresarial. ¿Alguien entiende que en casos como los del concejal de Murcia y constructor Sánchez Carrillo, socio del hermano de Valcárcel en numerosos proyectos urbanísticos favorecidos por el gobierno regional del PP, se siga ejerciendo la actividad política sin ningún tipo de pudor? ¿Qué dice Mariano Rajoy a todo esto? Callada por respuesta porque no le conviene sacar pecho.
El "aquí todos son iguales" es un mensaje que resuena desde Génova para justificar sus desmanes, lanzado con toda la intención para tapar sus vergüenzas una vez demostrado y destapado el tinglado urbanístico que montaron durante 8 años, así que no le deis bombo. No le deis bulo, porque la responsabilidad no es equidistante y el PP debe dar cuenta de su modelo especulador, de su actividad política y de su labor contra la corrupción durante 8 años, de un modelo que ha empobrecido inexorablemente a los españoles, ha destrozado su patrimonio ecológico y cultural y ha depredado el territorio para gracia de un grupo de constructores afines a la derecha mediática que se han llenado los bolsillos. Todos tenemos un precio, todos tenemos debilidades, todos o casi todos caeríamos a las garras de don dinero. No tiene la misma responsabilidad el que vende droga que el que la compra, y así está estipulado en el código penal.
Que los chorizos, sean del color que sean, paguen ante la Justicia. Mariano Rajoy, que perteneció a un gobierno que arrinconó a la Justicia y nos dejó limpias las Fiscalías Anticorrupción, pide ahora que el peso de la ley caiga sobre los ladrones, curioso, para él solo los hay socialistas, extremo que no se ha producido en declaraciones socialistas.
Afortunadamente este gobierno ha apostado fuerte por acabar con la corrupción y ha puesto en marcha decenas de unidades de anticorrupción, las ha dotado de medios y efectivos, ha reforzado a la Agencia Tributaria para perseguir delitos económicos, está entrenando agentes de Guardia Civil para investigar in situ delitos urbanísticos, ha reformado el Código Penal para perseguir testaferros y sobre todo, plantea medidas imprescindibles como una nueva Ley del Suelo más justa y transparente, que reserve el 30% de los nuevos desarrollos para hacer viviendas sociales, en la que el Estado recupere influencia en la gestión urbanística y se pague por la tierra su precio real y no por sus rendimientos anticipados. La nueva financiación local que se está negociando debe dar también respuesta a este fenómeno y quitar de en medio definitivamente las tentaciones urbanísticas.
Una vez más no se puede ser equidistante. Uno puso en juego todas las condiciones para hacer de España un paraíso de mafias, especuladores y ladrones de guante blanco, mientras nosotros sufríamos el creciente precio de la vivienda. Otro está poniendo en juego todas las herramientas para perseguir todo delito urbanístico caiga quien caiga, algo que le honra. Si en 2003 el gobierno de Aznar paralizó las investigaciones de Malaya, hoy podemos congratularnos de que esa gentuza esté entre rejas. Como dijo Albert Castillón, experto en la trama Malaya, "jamás ningún gobierno ha hecho tanto como el actual para erradicar la corrupción urbanística". Eso hay que reconocérselo. Si Rajoy no quiere recoger el guante para acabar con esa lacra él sabrá por qué, quizás porque sus dirigentes, incluido algún portavoz de su grupo, podrían tener serios problemas con la Justicia en breve.
No podemos tampoco ser hipócritas y pretender girar un modelo en cuestión de meses. La gente suele criticar, “sí, se moderan las subidas pero sigue subiendo el precio de la vivienda, y las hipotecas siguen asfixiándonos, qué ha hecho el PSOE?”. Sería una locura un drástico cambio de modelo por cuanto nos guste o no, nuestra fortaleza económica reside hoy en el sector de la construcción. Se deben plantear medidas paulatinas que hagan aterrizar poco a poco el boom inmobiliario, porque supongo que tampoco nos convendrá que la economía haga “crack” y perdamos nuestro empleo. La Ley del Suelo supondrá el inicio del verdadero cambio de modelo hacia uno más productivo, más centrado en la industria (la gran abandonada por Aznar) y más sostenible. De momento el fomento de las ayudas directas a los jóvenes, el tímido fomento al alquiler y la cifra record de promoción de viviendas VPO son hechos que hay que reconocer el gobierno por mucho que quede un eternidad por caminar.
El PSOE está cumpliendo de momento y donde aparecen problemas actúa con cirugía, con contundencia y con higiene democrática, sin embargo el PP no rectifica, ni asume responsabilidades, ni tampoco acepta compromisos institucionales con el Partido Socialista, la respuesta de los dirigentes populares demuestra su empeño en seguir amparando y protegiendo a los especuladores y a los corruptos por encima de todo. Mirar para otro lado no les va a salvar de dar respuestas ante la Justicia que tanto pide Rajoy, que no lo duden. Hoy en día sí tenemos un gobierno decidido a arrancar de cuajo el cáncer, afortunadamente.
Es mi opinión. Comentarios como siempre :D
posted by Peperufo @ 9:52 AM
0 Comments
