Crecemos más del doble que la media comunitaria. Estamos creciendo más y mejor que en la etapa anterior. Hoy crecemos al 3,8% y la inversión en bienes de equipo crece en torno al 10%. Por primera vez en democracia cerramos el año 2005 con un superávit de las Administraciones Públicas por encima del 1% del PIB y para 2006 se prevee alcanzar el 1,5%. En la zona Euro, solamente Finlandia goza de una situación equivalente en sus cuentas públicas a la que tiene
hoy España. Esto ha permitido reducir la deuda pública en 6 puntos hasta el 40% del PIB. Asimismo, hemos aprobado la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria para adecuar las cuentas públicas al ciclo económico y separar la Seguridad Social en la fijación de los objetivos de estabilidad, introduciendomecanismos de control más transparentes.
Tenemos unas cuentas públicas saneadas, lo que permitirá bajar los impuestos simultáneamente
a los trabajadores y las empresas, por primera vez en la historia. La Reforma Fiscal aprobada por el Gobierno garantizará la equidad, simplificará el sistema y beneficiará especialmente a las rentas medias y bajas, a los asalariados, a los pequeños ahorradores y a las pequeñas empresas. Una reforma prudente y equilibrada que bajará impuestos a 20 millones de contribuyentes, el 99,5% del total. Para el 60% de los contribuyentes, aquellos que declaran rentas inferiores a los 18.000 euros, la rebaja será de hasta un 17%. 1,3 millones de ciudadanos, los de rentas más bajas, dejarán de pagar el Impuesto sobre la Renta. Asimismo, mejoraremos la competitividad empresarial, reduciendo el tipo del Impuesto de Sociedades.
El Gobierno también ha aprobado el Plan de Prevención del Fraude Fiscal con más de 300 nuevas medidas, cuyos primeros resultados han sido muy positivos, recaudando por encima de un 10% más que en 2004.
Estamos ahorrando para seguir aumentando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que sobrepasará con creces los 30.000 millones de euros durante este año, más del doble del que se encontró este Gobierno. A ello ha contribuido el buen ritmo de crecimiento del empleo y el
proceso de normalización de unos 550.000 inmigrantes.
En dos años, el Gobierno ha alcanzado una veitena acuerdos con empresarios y sindicatos para implantar políticas económicas y sociales en beneficio de los ciudadanos.Nunca se había llegado a tantos acuerdos en un período tan breve.
Reformal Laboral: se trata de la primera reforma consensuada del mercado del trabajo desde el Acuerdo Interconfederal para la estabilidad en el Empleo de 1997. Para frenar la temporalidad (en España, el 30% de los trabajadores tienen contrato temporal, mientras que la media europea es del 13%), el acuerdo limitará el encadenamiento de contratos a un mismo trabajador a un máximo de 30 meses. Se bonificarán los contratos indefinidos con cuantías anuales que van desde 500 a 3.200 euros, y con una duración de entre cuatro años y la vigencia del contrato. Ya se han firmado desde el 1 de Julio más de 900.000 contratos fijos cuando entró en vigor la reforma, con la que se prevee alcanzar los 1,25 de nuevos contratos fijos a finales de diciembre.
Estatuto del Autónomo: contempla nuevos derechos para los 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia que existen en España, como la protección por enfermedad o la posibilidad de cobrar un subsidio de desempleo. El Estatuto, respaldado por grandes asociaciones de autónomos como ATA, UPTA y ASNEPA, viene a poner punto final a algunas discriminaciones que negaban derechos a estos trabajadores con medidas que pasan por la "creación de un sistema específico de protección por cese de actividad, de carácter solidario y contributivo", por "la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada para determinados profesionales", o el derecho a prestaciones por paternidad y maternidad, y por incapacidad temporal. El Estatuto reconoce a estos trabajadores un mínimo de 15 días de vacaciones al año, el derecho a una indemnización en caso de suspensión injustificada de contrato, y protección en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Estamos ejecutando el mayor impulso dado a la modernización del aparato productivo en nuestro país. El Gobierno está apostando por las políticas de I+D+i, con un incremento de los recursos destinados a ellas del 58%, alcanzando el crecimiento más alto de los últimos quince años. En esta línea, hemos puesto en marcha el programa Ingenio 2010, cuyos objetivos sonduplicar la inversión en I+D, incrementar la contribución del sector privado y alcanzar la media de la UE en inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se han aprobado tres programas de progreso para impulsar el desarrollo tecnológico y científico en España, integradas en el Plan INGENIO 2010: el Programa CÉNIT, cuyo objetivo es estimular la colaboración público/privada en investigación, el programa CONSOLIDER, que incrementará el número de científicos e investigadores en nuestro país y el Plan AVANZ@, cuya labor es poner a disposición de los ciudadanos las ventajas de la sociedad de la información.
Mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad de las empresas y la cohesión territorial invirtiendo en infraestructuras. Destinamos 250.000 millones de euros, el equivalente al PIB de Austria, al Plan Estratégico de Infraestructuras
y Transportes (PEIT). El ferrocarril de Alta Velocidad llegará a todas las capitales de provincia. Además, el 94% de la población estará a menos de 30 Km. de una vía
de alta capacidad (autovía o autopista).
Programa Agua: 3900 millones de euros en inversiones que apotaran al Levante español 1058 hm de agua al año. Se da prioridad al uso eficiente del agua, en particular a la modernización de regadíos y al control público del
consumo y de la calidad del agua. Trabajamos para que dispongan de agua las zonas más castigadas por la recurrente sequía, gracias a las nuevas tecnologías de la reutilización y la desalación.
El Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Fomento Empresarial para impulsar el espíritu emprendedor y la internacionalización de nuestras empresas. Se refuerzan los programas de financiación del ICO con más de 8.000 millones de euros, el mayor esfuerzo inversor de apoyo a las PYME realizado en España, se crean nuevas líneas de crédito para la consolidación del tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas y se reducen los trámites administrativos.
España es el segundo país receptor de fondos europeos. En el período 2007-2013 nuestro país mantendrá un saldo neto positivo con la UE superior a los 16.000 millones de euros, el doble de lo queteníamos encima de la mesa cuando llegamos al gobierno.
Se han puesto en marcha acciones para ahorrar energía y reducir la dependencia del petróleo como el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2005-2007 y el Plan de Energías Renovables, con el objetivo de mejorar el desarrollo económico sostenible y cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 del Protocolo de Kioto.
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, un instrumento valioso para lograr una
agricultura sostenible basada en la protección del medio ambiente, la calidad y seguridad alimentaria y para hacer frente a la desertización y el despoblamiento.
Con la nueva Ley de Montes, entre otros cambios, se fija un plazo mínimo de 30 años para no poder recalificar suelos quemados y se crea la Fiscalía para delitos ambientales y urbanísticos.
Nueva Ley del Suelo, cuyos principales objetivos son luchar contra la especulación inmobiliaria,favorecer la construcción de vivienda protegida y velar por un desarrollo urbanístico sostenible. Entre las normas destaca que los desarrollos urbanísticos que supongan crecimientos superiores al 20% de la población o del suelo urbanizado deberán tramitarse como una revisión del Plan General, con lo que aumentarán los controles y el tiempo de tramitación. Se establece un porcentaje mínimo de reserva del 25% del suelo para vivienda protegida. También se establece un nuevo régimen de valoraciones que excluye las expectativas de lo que pueda llegar a valer. Por último, será necesario garantizar los servicios como accesibilidad, suministros, prevención de riesgos naturales y sostenibilidad.
En tan sólo dos años hemos
incrementado el gasto social un
18,5%. El gasto social supone el 50,2%
del total de los Presupuestos Generales
del Estado.
Hemos creado el cuarto pilar del
Estado del Bienestar con la aprobación
de la Ley de Dependencia.
Este Gobierno ha asumido el
compromiso y el esfuerzo de
aportar entre 2007 y 2015 más de
12.000 millones de euros para
responder a una de las mayores
necesidades de las familias españolas,
así como para garantizar
por ley la protección, dignidad e
igualdad de más de un millón de
personas dependientes.
Mantenemos el poder adquisitivo
de las pensiones, aumentando
más las pensiones más bajas.
Durante estos dos años, la subida de
las pensiones mínimas ha alcanzado
el 16%, y ha beneficiado a más de 3
millones de personas. Nuestro
compromiso es acabar la legislatura
con una subida de las pensiones
mínimas del 26%.
Le hemos dado un impulso sin
precedentes al Programa de Vacaciones
del IMSERSO, con 830.000
beneficiados, 150.000 más que el año
anterior y con un Programa de Termalismo
del que podrán disfrutar
160.000 mayores.
Estamos llevando a cabo una ambiciosa política de acceso a la vivienda. La aprobación del Plan de Vivienda 2005-2008 está suponiendo la construcción de 60.000 nuevas viviendas protegidas cada año destinadas a la venta. Adicionalmente, dicho Plan contempla la construcción de más de 25.000 viviendas protegidas al año para alquiler, de las cuales 9.000 están reservadas para jóvenes. Se han financiado ya más de 385.000 viviendas, tanto de nueva construcción como usada, en venta y en alquiler, rehabilitación o nuevos desarrollos urbanísticos, lo que supone recuperar el nivel de financiación de principios de los años 90. Además, en los últimos doce meses se han iniciado más de 85.000 viviendas protegidas frente a las 45.000 que como media se iniciaban en el periodo 2000-2002, lo que significa que el parque de vivienda protegida iniciada se sitúa por encima del 15 % frente al 7 % del periodo anterior. El Gobierno ha destinado a las políticas de vivienda más de 8.000 millones de euros frente a los 3.400 del gobierno anterior. El Gobierno, en una actuación sin
precedentes, ha cedido 7,5 millones de metros cuadrados de suelo del Estado para la construcción de viviendas protegidas y equipamientos públicos.
Hemos incrementado el Salario Mínimo Interprofesional un 18%, hasta los 541 euros al mes, y se llegará a los 600 euros al final de la legislatura. En estos dos años, el Salario Mínimo ha subido más que en los ocho años anteriores juntos.
Creemos en la igualdad de oportunidades y por eso invertimos más en educación. Un 24% más de recursos para luchar contra el fracaso escolar y garantizar una escuela pública de calidad. Hoy hay 40.000 becas más y se ha aumentado la cuantía de su dotación.
Creemos en una educación de calidad y por ello hemos aprobado la Ley Orgánica de Educación, buscando el mayor consenso posible. Con esta Ley, dotada con un presupuesto de casi 400 millones de euros, pretendemos mejorar la calidad de la educación, potenciando programas de apoyo educativo, la enseñanza de idiomas y de tecnologías de la información y comunicación. Además, se incrementará notablemente el número de plazas públicas gratuitas en educación infantil.
En 2005 hemos multiplicado por 8 el presupuesto dedicado a bibliotecas públicas, y durante 2006 volveremos a multiplicar el presupuesto por cuatro.
El Gobierno trabaja por la cohesión social y territorial de España. Hemos puesto en marcha Planes de apoyo a aquellas regiones y provincias del país que necesitan un impulso adicional a su desarrollo. De ahí, la puesta en marcha de planes específicos para el oeste de Castilla y León, Galicia, Extremadura, Teruel, Soria y Jaén.
Para los socialistas la solidaridad también debe de traspasar fronteras. Desde 2004 hemos incrementadola Ayuda Oficial al Desarrollo en un 65% y este año la aportación total será de 3.235 millones de euros. De esta forma, se alcanzará el compromiso del Presidente del gobierno de destinar el 0,35% del PIB para ayuda al desarrollo en el 2006, con la idea de llegar al objetivo de aportar un 0,5% en 2008.
Contribuimos a la mejora de la sanidad pública. El Gobierno socialista
ha aportado 3.000 millones de euros adicionales en el acuerdo suscrito en la Conferencia de Presidentes, para solucionar los problemas de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la sanidad.
Hemos presentado el Plan Estratégico de Política Farmacéutica y la Ley del Medicamento. Los objetivos fundamentales son potenciar el uso de medicamentos genéricos y reducir el gasto farmacéutico. El precio de los medicamentos ha bajado ya un 8% en estos dos años.
La entrada en vigor de la Ley Antitabaco permitirá que disfrutemos de un ambiente laboral más saludable, mejorará nuestra salud y calidad de vida y protegerá los derechos de los no fumadores.
Ley de Igualdad, para promover desde un punto de vista integral todas aquellas medidas encaminadas a erradicar la discriminación y los prejuicios de género en todos los ámbitos de la vida social. Se reconoce el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, y por primera vez se crea el permiso de paternidad para facilitar la corresponsabilidad de los padres en la crianza de los hijos.
Hemos ampliado los derechos de los ciudadanos mediante la aprobación de la reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, equiparando así los derechos de las parejas heterosexuales a un colectivo que antes tenía mermados sus derechos civiles.
Hemos modificado el Código Civil en materia de separación y divorcio para agilizar los procesos de divorcio y corresponsabilizar a hombres y mujeres en la educación de sus hijos.
Defendemos a los consumidores de los abusos realizados en su perjuicio. Para ello, hemos introducido la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que incluye medidas como la prohibición del redondeo, la equiparación de los requisitos de alta y baja de los contratos o la mejora de la protección de los consumidores que adquieran una vivienda.
Hemos regularizado la situación de más de 550.000 trabajadores inmigrantes que cotizan a la Seguridad Social y, como cualquier ciudadano, tienen ahora sus derechos y obligaciones.
Reforma de RTVE para garantizar la independencia del ente
público. La televisión pública en España ha dejado de ser una televisión de Partido para convertirse en la televisión de todos. Se han saneado las cuentas y dado viabilidad mediante una serie de reformas que incluyen la jubilación anticipada de parte de la plantilla.
Los españoles tienen derecho a que no se utilice el dinero público en
campañas publicitarias de “autoelogio”. Por ello, hemos aprobado la Ley de Publicidad Institucional, que prohíbe la realización de dichas campañas a costa del dinero de todos.
Para que los ciudadanos tengamos una justicia más ágil y eficaz, hemos creado 250 nuevas unidades judiciales y 135 plazas de fiscales en el año 2.005. Durante este año 2006 crearemos 75 plazas de jueces más, además de 18 específicas para violencia de género, y 100 plazas adicionales de fiscales. Cuando acabe la legislatura tendremos 1.000 plazas más de jueces y fiscales.
Vamos a poner en marcha la justicia de proximidad, que será el primer escalón del sistema judicial en las grandes ciudades. Estos juzgados se encargarán de asuntos de menor entidad en el orden civil, penal y contencioso, a fin de disponer de soluciones judiciales de manera más rápida y cercana a la ciudadanía.
Más seguridad ciudadana. En 2005 se ha incrementado en más de 14.600 plazas los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en las calles españolas. Y para 2006 la Oferta Pública de Empleo recién aprobada va a suponer la creación de más de 9.600
nuevas plazas. Al final de legislatura, tendremos 36.000 policias y guardias civiles más en la calle frente a la reducción de 8000 efectivos durante 8 años del gobierno de Aznar.
Dos años seguidos descendiendo el número total de delitos. La tasa de homicidios en España ha disminuido un 13%. Hemos conseguido que España sea uno de los países más seguros de la Unión Europea, con una índice de criminalidad del 49,5, frente al 70 de la media europea. La lucha contra el crimen organizado arroja 10.000 detenciones en 2005.
Creamos el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que ha facilitado a las Fuerzas de Seguridad del Estado la detención de 417 terroristas desde que llegamos al
Gobierno, de los cuales 182 están relacionados con ETA y 235 tienen
conexiones con el terrorismo islamista. Se han creado 300 nuevas plazas para agentes destinados a la lucha antiterrorista.
Creamos una Oficina de Asistencia a las Víctimas de Terrorismo. El gobierno ha aumentado las ayudas a las Asociaciones de Víctimas en un 50%, y ha abonado 59 millones de euros para ayudas directas a víctimas del atentado terrorista del 11-M. El 92% de los expedientes de afectados por atentados están resueltos.
El 1 de enero entró en vigor el Plan de Acción Policial contra Bandas Juveniles, para prevenir y combatir de manera eficaz y coordinada este fenómeno con el fin de evitar que se desarrolle e instale en nuestro país este tipo de violencia.
Mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia internacional con la tramitación de la ley que regula el Estatuto de miembro nacional de Eurojust y las relaciones con esteórgano de la Unión Europea. Esta ley permitirá coordinar las fiscalías nacionales y apoyar las investigaciones penales en los casos de delincuencia organizada.
Hemos aprobado la Ley integral contra la violencia de género, que entró en vigor el pasado 1 de enero, con el consenso de todos los grupos políticos. Las medidas llevadas a cabo en este ámbito han sido la creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la violencia de género como organismo coordinador, la creación de juzgados específicos para combatir la violencia contra las mujeres, y más de 500 millones de euros repartidos de manera transversal entre siete ministerios.
El Gobierno ha aprobado la implantacióndel carné de conducir
por puntos, que permitirá la reducción paulatina del número de accidentes mortales en nuestras carreteras. El número de muertos en las carreteras españolas ha descendido un 25% con respecto al 2004.
Hemos aprobado la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que establece la obligación del Gobierno de realizar una consulta previa y recabar la autorización del Congreso de los Diputados para enviar tropas españolas al extranjero.
Aprobación de la Ley de Tropa y Marinería, que favorecerá la permanencia en los ejércitos, ofrecerá mejor formación a los miembros de las fuerzas armadas y garantizará una mayor estabilidad económica y laboral de los soldados.